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Movilización para salvar la cala de Aiguafreda

Los ecologistas reclaman que se haga un estudio de impacto ambiental y paisajístico antes de otorgar los permisos municipales para edificar

Publicado en el Triangle por R. Calvo | 14/07/2018

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Parecería que esta es una noticia de los años sesenta del siglo pasado, en plena fiebre inmobiliaria y especulativa que se cargó la Costa Brava. Pero no: desgraciadamente, es de hace sólo unos días y está pasando ahora mismo.

El Ayuntamiento de Begur (Baix Empordà) ha aprobado inicialmente una modificación del plan general de urbanismo (POUM) de la localidad para permitir la “consolidación” del entorno a la cala de Aiguafreda, al pie del antiguo hotel de Cap sa Sal. Esto, hablando en plata, quiere decir que autorizará la construcción de 140 nuevas viviendas, hasta un total de 400, y de tres hoteles en una zona boscosa a la orilla del mar que, más o menos, había quedado indemne, hasta ahora, de la presión constructora.

La excusa del Ayuntamiento que preside Joan Loureiro (de Junts x Begur-ERC) es que este entorno ha quedado muy farragoso por una antigua urbanización medio acabada y que hay que dotar la zona con una trama ordenada de calles y con servicios para los vecinos. El resultado, pero, es que se incrementará la edificabilidad existente y, por lo tanto, habrá que cortar masa forestal, a la vez que se incrementará el tráfico y el ruido alrededor de la pequeña cala de Aiguafreda.

Este pasado lunes, día 9, se acabó el plazo para presentar alegaciones a la modificación puntual del POUM de Begur. Los ecologistas de las comarcas de Girona se han movilizado, como en los viejos tiempos, para intentar parar esta nueva agresión al malogrado paisaje de la Costa Brava. En concreto, este espacio que se quiere edificar está entre el plan de especial interés natural (PEIN) de la Montaña de Begur y la zona litoral del Baix Empordà, incluida en la Red Natura 2000. Por eso, los ecologistas de Salvem la cala d’Aiguafreda y de la plataforma SOS Costa Brava exigen, de entrada, que el Ayuntamiento encargue un estudio de impacto ambiental (EIA) y paisajístico de este proyecto constructivo.

La principal beneficiaria de esta iniciativa municipal es la empresa Comercial Cap sa Sal SL, de la familia colombiana Molano, que tiene la mitad de los terrenos que, si prospera la modificación del POUM, se podrán edificar. El área afectada ocupa unas 70 hectáreas, su mayoría a menos de 500 metros del litoral, que es el límite que marca la nueva ley de Costas del 2013 para prohibir las construcciones que malogren la tipología de la zona. En este sentido, es difícil que encajen los tres hoteles que ha previsto implantar.

Las pequeñas dimensiones de la cala de Aiguafreda, de sólo una veintena de metros, hacen que sea insostenible la urbanización intensiva de su entorno, tal como pretende el Ayuntamiento. Los ecologistas también advierten de los problemas de agua y residuos que generará este incremento de la vecindad.