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Denuncian como “ilegal” la urbanización de la cala de Aiguafreda en Begur

La Plataforma Salvem la Cala d’Aiguafreda, formada por vecinos de Begur y que cuenta con el apoyo de varias entidades ecologistas gerundenses, ha denunciado que la modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) aprobada por el ayuntamiento de esta localidad es “ilegal”.

El abogado de los ecologistas, Eduard de Ribot, ha repasado una quincena de irregularidades que permitirán la construcción, según su versión, de 264 nuevas viviendas y tres hoteles en 70 hectáreas de costa, una actuación que ha merecido la apertura de investigación por parte del Síndic de Greuges.

Esta plataforma considera que la modificación del POUM “no incluye ni el estudio de impacto ambiental ni el paisajístico ni el de movilidad”, y que las nuevas construcciones “limitarán con espacios protegidos por el plan de espacios de interés natural (PEIN) y por la Red Natura 2000”.

Además, según el abogado, “clasifica bosques y zonas forestales como suelo urbano, permite edificar en terrenos con más de un 20 por ciento de pendiente, vulnera el principio de desarrollo urbanístico sostenible, no respeta los conectores naturales, incluye el sistema hidrográfico y no está garantizado que haya suficientes recursos hídricos “.

Por todo ello, reclaman al ayuntamiento que replantee “su visión urbanística”. “Pedimos que desclasifique todos los terrenos y que el alcalde de Begur, Joan Loureiro (Juntos por Begur-ERC), aproveche que han transcurrido quince años sin ejecutarse el planteamiento del 2003 y que se replantee si el planeamiento de 1978 sirve para el 2018”.

La última modificación del POUM prevé dotar de los servicios básicos la urbanización de la cala de Aiguafreda, prevista desde 1978 y ratificada en las modificaciones posteriores del POUM.

“Si propietarios y promotores no han sido capaces de ejecutar el planeamiento urbanístico de la zona en los últimos quince años ¿por qué lo hace ahora el ayuntamiento?”, se ha preguntado el abogado.

En cuanto a las posibles indemnizaciones a los propietarios de los terrenos, De Ribot ha afirmado que no está claro que el consistorio tenga que pagar nada, “porque no se han ganado el derecho a techo”.

Una de las integrantes de la plataforma, Lydia Chaparro, ha animado a la población a apoyar a la entidad y a colaborar económicamente a través de una campaña de micromecenazgo que han puesto en marcha para pagar los abogados y los trámites.

“El ayuntamiento está promoviendo la degradación del paisaje y si no nos unimos no lo detendremos” ha advertido.

Por estas razones, la plataforma ha presentado alegaciones contra la aprobación inicial de la modificación del POUM, que cuentan con más de mil firmas de apoyo.

Además, los ecologistas han avisado de que, si es necesario, llegaran a los juzgados para intentar detener las nuevas construcciones.

Consultar la noticia original en La Vanguardia (EFE).