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Una urbanización proyectada en los años 70 amenaza de nuevo una cala de la Costa Brava

Ha puesto en alerta a vecinos y ecologistas pero las administraciones ya avisan del riesgo económico de paralizarla sin seguridad jurídica

Publicado en La Vanguardia por Ariadna Oller Mitjanas |

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La Cala d’Aiguafreda de Begur (Baix Empordà, Girona) es uno de los tramos de litoral menos edificado de la Costa Brava. Los espacios todavía vírgenes le otorgan una gran belleza, que se ha conservado durante años pese al atractivo inmobiliario y turístico del enclave. Esta excepcionalidad está ahora en peligro por la reactivación de un proyecto de construcción latente desde hace más de 40 años.

Un plan urbanístico redactado en 1975 sigue amparando legalmente la construcción de 260 viviendas y tres hoteles en un área de 70 hectáreas alrededor de esta cala gerundense. El pleno de Begur aprobó por unanimidad hace unos meses una modificación general del POUM para permitir estas edificaciones, a pesar de la movilización ciudadana reciente en contra del proyecto. Vecinos y ecologistas han creado la plataforma Salvem la Cala d’Aiguafreda, que ha presentado alegaciones a la modificación del plan general y ha impulsado varias campañas para pedir que no se “especule” con esta zona “relativamente virgen” de Begur.

El antiguo proyecto urbanístico en el que se basó el consistorio para aprobar las modificaciones preveía la urbanización de toda la zona. A día de hoy solo se ha edificado un 20% de lo que se había previsto entonces, cuando todavía no había ni ayuntamientos democráticos. La plataforma señala que en los últimos 40 años la legislación sobre edificaciones en zonas de costa ha cambiado mucho y que el plan original es “extremadamente agresivo”.

Uno de los principales argumentos de Salvem la Cala d’Aiguafreda contra la nueva urbanización es la cercanía a espacios naturales protegidos. En este caso, a las Muntanyes de Begur y la Xarxa Natura 2000, además del impacto medioambiental que tendría el desplazamiento cotidiano de los futuros habitantes de estas viviendas por un tramo litoral ya frágil.

Durante estos meses la plataforma ha estado recogiendo apoyos para pedir al Ayuntamiento que frene el proyecto, pero también ha movido ficha por otras vías en vista del posicionamiento municipal. Presentaron una denuncia al Síndic de Greuges, que en julio abrió una investigación sobre la modificación del POUM de Begur y pidió al Departament de Territori de la Generalitat que le informara sobre el tema.

Más del doble de los donativos que pedían

Por otro lado, los ecologistas también lanzaron una campaña de micromecenazgo para recoger fondos y financiar los gastos legales de la lucha contra la urbanización de la cala. De un objetivo inicial de 4.200 euros, la plataforma ha logrado recoger más de 11.000 gracias a la participación tanto de vecinos de la zona como de turistas y entidades más lejanas.

Lydia Chaparro, miembro de Ecologistas en Acción y Salvem la Cala d’Aiguafreda, ha explicado a La Vanguardia el trabajo realizado por la plataforma durante estos primeros “tres meses” de vida y los planes que tienen en el futuro cercano. Chaparro ha destacado la “masiva” movilización por parte de la ciudadanía y los resultados obtenidos: “Hemos conseguido que el Ayuntamiento de Begur encargue estudios de impacto ambiental y paisajístico de la urbanización, que inicialmente no se habían considerado necesarios”. Por otro lado, relata que en las próximas semanas tienen previsto reunirse con cada uno de los grupos municipales de Begur para clarificar su posicionamiento “de cara a las elecciones municipales”.

En este sentido, Chaparro señala que la plataforma tiene “muchas esperanzas” en estas reuniones pese a que la aprobación del POUM fuera unánime. “El hecho de que se estén permitiendo tantas actuaciones en la costa de Begur, sugiere que no hay conciencia medioambiental por parte de ningún partido”, lamenta. “Pero pensamos que quizás se debe a una falta de información y ahora algunos cambiarán de opinión, sobre todo viendo la implicación de la ciudadanía en contra del proyecto”, añade.

Sobre el micromecenazgo, la ecologista celebra la gran implicación por parte de todos los colaboradores y explica que, además del proyecto de Aiguafreda, los fondos recogidos servirán también para combatir otras dos actuaciones en la costa del municipio. Concretamente, la urbanización de la antigua cantera de S’Antiga y la de Van de Walle, en la cala de Sa Riera, proyectos de menor envergadura que el de Aiguafreda “pero de gran impacto ambiental”. “Con lo que hemos recogido, podremos pagar a los abogados por la presentación de alegaciones contra los proyectos; creemos que será suficiente, siempre que no tengamos que ir a juicio”, asume.

Eso sí, llegar a los tribunales es un último recurso que aún queda lejos: “Todavía no nos han contestado las alegaciones y faltan los resultados de los informes ambiental y paisajístico, y después iremos a hablar con la comisión de Urbanisme”. Sobre la investigación del Síndic, Chaparro admite que de momento no han recibido más respuestas, aunque dejarán una posible reunión para más adelante a la espera de recabar “más información para entregar” al defensor.

Y aunque quedan pocos días para que finalice la campaña de micromecenazgo, la plataforma también ha habilitado una cuenta bancaria en la que los más rezagados puedan hacer aportaciones una vez superada la fecha límite y así seguir con la lucha contra los proyectos de urbanización.

La amenaza de las indemnizaciones: más de 50 millones de euros

Desde el inicio de la polémica, el Ayuntamiento de Begur ha respaldado la decisión de permitir la urbanización de la cala en base al proyecto de 1975. Según el Consistorio, aunque solo se construyera una parte de las viviendas proyectadas, el plan urbanístico ya está iniciado y frenarlo en estos momentos supondría tener que abonar una cuantiosa indemnización a los promotores. Concretamente, el Ayuntamiento señala que sería de entre 50 y 70 millones de euros.

Sin embargo, los ecologistas cuestionan los argumentos del Ayuntamiento y han pedido que se aporten informes sobre las consecuencias económicas exactas. “¿Dónde está el dictamen jurídico que dice que serán de 50 o 70 millones? ¿En qué se basan?”. “Nuestros cálculos al respecto son menores, por lo que pedimos una información oficial al respecto”, zanja.

La plataforma compartió un comunicado a mediados de septiembre en el que señalaba que la nueva legislación urbanística avala que se pueda modificar el planteamiento urbanístico de una zona sin indemnizar dado que el proyecto no se ha desarrollado según el calendario original. Además avisaba que las edificaciones se situarían en terrenos con desniveles superiores al 20%, lo que está prohibido por la Ley de Urbanismo.

A finales de agosto, las reivindicaciones de Salvem la Cala d’Aiguafreda llegaron también al Parlament de Catalunya. El partido Catalunya En Comú Podem pidió al Govern de la Generalitat que frenara la urbanización de Aiguafreda y solicitó la una comparecencia del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

La Generalitat avisa de la complejidad del caso

Este septiembre la plataforma ha chocado con un nuevo obstáculo. El pasado día 14, el director de Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, advirtió sobre la complejidad legal de proyectos de urbanización latentes y ahora recuperados, como el de la cala de Aiguafreda y otros polémicos de la Costa Brava. Señaló que, pese a que el Govern trabaja para evitar la urbanización del litoral catalán, tumbar modelos pendientes desde los años 60, 70 o 80 carece de una base legal sólida y clara. Siguiendo los argumentos del Ayuntamiento de Begur, Serra señaló el riesgo que supone parar el proyecto sin “seguridad jurídica” y tener que pagar indemnizaciones millonarias a los promotores, aunque no quiso confirmar la cantidad.

Según el director de Hàbitat Urbà i Territori, el plan urbanístico ya se ha desarrollado parcialmente mediante la construcción de algunas de las viviendas proyectadas. Ahora el suelo está calificado como urbano, por lo que hay poco margen de maniobra por parte de Urbanismo.

Con todo, la plataforma mantienen la esperanza, tanto para la cala de Aiguafreda como para el resto de actuaciones previstas en Begur y el resto de la Costa Brava. De hecho, todas las entidades que luchan por la preservación del litoral gerundense han creado recientemente SOS Costa Brava, que les permite ganar músculo y visibilidad. “No solo somos ecologistas, somos ciudadanos que quieren evitar que se hagan disparates en nuestro territorio”, resume Chaparro.

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